A rastras con la supervisión a la banca

Esta semana se cumplen seis meses desde que Pedro Sánchez anunció la creación de una entidad de protección a los clientes de banca. En su momento ya saltaron las alarmas al preguntarse todo el mundo para qué servía el Banco de España, pero si profundizamos en el asunto veremos que la cosa es mucho peor de lo que parece.

Hay que empezar diciendo que la situación que tiene España con la supervisión a la banca es una anomalía de dimensiones monumentales. No sólo es que los bancos incurran una y otra vez en todos los delitos económicos y contables que uno se pueda imaginar, es que cada vez que levantamos una piedra nos damos cuenta de que lo hacen con la complicidad y colaboración del gobierno. Porque, como acabamos se señalar, no tiene sentido que el presidente anuncie la creación de una entidad supervisora para prevenir los abusos cuando (se supone) esa es una de las funciones del Banco de España.

Lo cierto es que las resoluciones del Banco de España sobre las reclamaciones de los usuarios no tienen carácter vinculante; es decir, las entidades no están obligadas a cumplirlas. De esta forma, su utilidad es la de imponer un requisito previo a la demanda civil que retrasa todo varios meses, siendo su verdadero objetivo desanimar al usuario a seguir adelante mediante el simple mecanismo de desesperarle.

Pero si es triste constatar que el Banco de España está ahí para proteger los atropellos de los bancos, mucho más triste es comprobar que la promesa que hizo Pedro Sánchez es en realidad el reconocimiento de otro error del gobierno, ya que lo único que hizo fue aplicar la directiva europea 11/2013 para la resolución de conflictos de consumo, en la que (entre otras cosas) se vuelve a insistir en que se elimine esa atrocidad que es que las oficinas de defensa al usuario sean departamentos del propio banco, lo que elimina cualquier atisbo de imparcialidad.

Es decir, los sucesivos gobiernos no sólo han tolerado la actividad delictiva de los bancos (ahí está la sucesión inagotable de sentencias judiciales), sino que además han mantenido un sistema inútil (por inaplicable) y viciado (por su falta de independencia) en la resolución de las quejas de los usuarios de banca y servicios financieros.

Pasado el momento de publicidad, que Sánchez aprovechó para colgarse la medalla de «defensor de los usuarios», pasan los meses y la dura realidad es que el gobierno no ha hecho nada para avanzar en la implantación de esta medida. Uno tras otro, los ministros de economía lo van dejando pasar y día a día seguimos viendo comisiones ilegales, condenas por falsedad documental o por estafa a los clientes. La única forma de hacer frente a esto, mientras no cambien las cosas, es estar bien informado y no desistir en las reclamaciones y procedimientos judiciales, a pesar de las zancadillas que ponga el Banco de España.